IT Governance, proveedor líder en protección de datos y RGPD, insta a las compañías con sede en España a preparar el cumplimiento del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que se hará efectivo el próximo 25 de mayo de 2018.
El Consejo de Ministros español, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció el pasado 23 de junio la puesta en marcha de un anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos con el fin de adaptar la legislación española al nuevo RGDP, común para toda la Unión Europea.
El Reglamento supone el cambio más significativo en los últimos 20 años en la legislación de protección de datos. Desde esa fecha, las empresas que no lo cumplan podrán sufrir multas de hasta 20 millones de euros o un 4% de los ingresos globales de la organización, lo que sea mayor.
Todas las compañías que posean datos personales deberán llevar a cabo una serie de reformas estructurales y operacionales para adecuarse al
nuevo RGPD.
Esta reforma introduce una serie de novedades como la figura del Delegado de Protección de Datos, el derecho a la portabilidad y al olvido o el tratamiento de los datos de personas fallecidas por parte de sus herederos, teniendo en cuenta las instrucciones aportadas por las mismas.
Además, se excluye el consentimiento táctico. A partir de la entrada en vigor del Reglamento, el interesado debe dar un
consentimiento claro e inequívoco para el uso de sus datos personales. En cuanto a la edad para dar el mismo, en España se reduce desde los 14 a los 13 años con el fin de adaptar el sistema español a la edad permitida por el Reglamento General de Protección de Datos.
En definitiva, el RGPD supone una completa revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos para reforzar la seguridad jurídica y transparencia del uso de los datos de carácter personal y sensibles o protegidos.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, en el caso de España “la adaptación de la legislación al nuevo Reglamento europeo hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones”.